*Una publicación especial de LACalytics en media partnership con Energía Limpia XXI
Por Monica González y Erik Post
La expansión de las actividades mineras en Colombia ha generado contradicciones socioambientales que agravan los conflictos armados, la destrucción del medio ambiente y el acaparamiento de tierras y aguas. Debido a que la explotación del oro en Colombia y los hábitos de consumo en Europa están íntimamente relacionados, este artículo argumenta que el intercambio de conocimiento entre las regiones de Europa y ALC puede ayudar a mitigar dichos efectos negativos.
Introducción:
Debido al auge sin precedentes de los precios de los commodities en las últimas dos décadas, las operaciones mineras se están intensificando en toda la región de América Latina y el Caribe (ALC). En Colombia, esta expansión ha provocado contradicciones socioambientales generalizadas que agravan los conflictos armados, la destrucción del medio ambiente y el acaparamiento de tierras y aguas[i]. Se estima que entre 2000 y 2016, al menos 179 conflictos socioambientales activos estuvieron relacionados con la minería en Colombia[ii].
Este artículo argumenta que el intercambio de conocimiento entre las regiones de Europa y ALC puede ayudar a mitigar estos efectos negativos. Destacamos los vínculos entre los impactos de la explotación del oro en la región de Antioquia, Colombia y los hábitos de consumo en Europa a través de un análisis global de la cadena de suministro. Dado que la Unión Europea (UE) y Colombia tienen una estrecha relación y se autodenominan aliados, sugerimos que aprovechar las fortalezas respectivas de las regiones de Europa y ALC puede mitigar el estrés socioambiental relacionado con la minería[iii]. En la UE, la exposición a las cosmovisiones de las primeras naciones de LAC puede motivar a los consumidores europeos a minimizar el consumo de productos que contienen oro. En Colombia, el gobierno podría integrar los principios fundamentales del derecho ambiental europeo, como el principio contaminador-pagador y el principio de precaución, que estipula que la incertidumbre o la información incompleta no son motivo para posponer las intervenciones para detener la degradación ambiental. Además, podría adoptar normas ambientales más estrictas, que rijan las operaciones mineras inspiradas por la legislación de la UE, como el aumento del reciclaje de agua y la reducción de residuos.
Estudio de caso sobre los impactos socioambientales de la minería en Colombia:
Desde la época colonial, la región de Antioquia ha sido el principal productor de oro en Colombia. A partir de la fiebre del oro de principios de la década de 2000, la violencia en la región se ha intensificado, ya que los grupos armados ilegales han consolidado su control sobre las áreas mineras. Esto ha aumentado las disputas territoriales en la región, que aún produce el 20% del oro de Colombia[iv]. El censo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia en 2011, estima que más del 90% de las minas de oro no tienen un plan o licencia ambiental[v]. Según las estadísticas oficiales, solo el 5% de las actividades mineras operan bajo prácticas adecuadas de seguridad y medio ambiente.[vi]
La minería artesanal e ilegal depende en gran medida del uso de mercurio, que es perjudicial para el medio ambiente, ya que los desechos químicos envenenan los cuerpos de agua. La mayoría de las minas de oro sin licencia están colmadas gases tóxicos que afectan negativamente la salud de los mineros, lo que se ve agravado por las precarias condiciones de trabajo. En estas minas, todo el proceso de extracción se realiza manualmente y el material de extracción se lleva a la espalda y los hombros del minero. Los trabajadores no solo se ven envueltos en un ambiente laboral peligroso, sino que también están atrapados en el fuego cruzado entre grupos ilegales y las fuerzas militares de Colombia.[vii]
Dado que miles de familias dependen de la minería sin licencia para sobrevivir, la falta de oportunidades alternativas es un elemento clave para mantener esta situación. En consecuencia, el gobierno colombiano está atrapado en un dilema. Tomar medidas enérgicas contra la extracción ilegal y favorecer a las empresas mineras internacionales pone en riesgo los ingresos de los mineros. La minería de oro genera casi 50,000 empleos, de los cuales unos 40,000 son proporcionados por la minería ilegal (80%), mientras que la minería legal contribuye con los 10,000 restantes[viii]. Por otro lado, la formalización y regulación de las actividades mineras puede reducir los daños ambientales y mejorar las condiciones laborales de los mineros.
La cadena de suministro mundial de oro. De las minas en Colombia hasta los consumidores en la UE:
Las principales puertas de entrada para las exportaciones de oro colombianas son los comerciantes internacionales de los Estados Unidos (EE. UU.) y Suiza, que son responsables de la mayoría de las exportaciones. Dichos comerciantes también son importantes canales para el oro extraído ilegalmente. En 2016, sus compras de oro colombiano superaron la cantidad que Colombia produjo oficialmente. Estos comerciantes abusan de las zonas de libre comercio de Colombia para esconder tratos sucios, ya que los marcos de impuestos y regulaciones aduaneras son más débiles. El oro también se contrabandea a Venezuela y Panamá o se envía a los Países Bajos a través de sus territorios en el Caribe[ix]. Y el oro es notoriamente difícil de rastrear dado que se puede derretir y mezclar, lo que hace que su origen sea imposible de rastrear. Incluso con las prácticas de diligencia debida existentes, grandes cantidades de ‘oro ilegal se cuelan en el sistema’[x]. Una vez que el oro abandona Colombia, no hay forma de saber si fue obtenido de minas ilegales, lo que facilita su entrada incuestionable en el suministro global. Las Figuras 1 y 2 ilustran cómo el oro entra en una red opaca de redes criminales transnacionales, comerciantes semi-legítimos y refinadores de dudosa procedencia antes de llegar al mercado global.
En 2017, la UE importó 14 millones de euros de oro de Colombia[xi]; sin embargo, la mayoría del oro ingresa a la UE en forma de joyas y placas de circuito utilizadas en electrónica. Los datos del World Gold Council indican que la abrumadora mayoría de la demanda de oro proviene de la rápida expansión de las industrias de la joyería y la tecnología.[xii] El oro extraído ilícitamente de Colombia inevitablemente termina en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, automóviles e incluso monedas. Una investigación de 2018 en el Miami Herald expuso cómo un comerciante con sede en los EE. UU. vendió oro extraído ilegalmente de Sudamérica a 67 compañías diferentes incluidas en el Fortune 500, incluidas Apple y Tiffany & Co.[xiii]
Mientras que India y China dominan la demanda mundial de oro, la UE es la mayor economía y bloque comercial a nivel global. Con 500 millones de consumidores y más importaciones que los EE. UU., China o la India, una gran parte de los productos que transportan oro terminan en la Unión Europea. Un estudio de las Naciones Unidas de 2014 señala la escala del consumo de productos electrónicos de la UE, y señala que nueve de los diez principales productores de residuos eléctricos y electrónicos per cápita se encuentran en Europa[xiv]. Haciéndose eco de los hallazgos de otros metales preciosos, como el tantalio. Los comportamientos de consumo de la UE son críticos para los patrones de suministro global, que a su vez tienen un impacto local en Colombia[xv]. La reducción estructural del consumo de productos que transportan oro altera la demanda mundial y, por lo tanto, el precio del oro, lo que a su vez desincentiva la extracción de oro en Colombia y otros lugares.
Figura 1: cadena de suministro de oro en Colombia
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Due Diligence en la Cadena de Suministro de Oro de Colombia – Resumen”, Guía de Due Diligence de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de Áreas de Alto Riesgo y Afectadas por Conflictos (París: Organización para la Cooperación Económica operación y desarrollo, 2016), p. 10.
Figura 2: Grupos armados ilegales, organizaciones delictivas y su relación con el sector del oro. BACRIM significa bandas criminales, o bandas criminales, mientras que DTOs significa Organizaciones de Narcotráfico.
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Due Diligence en la Cadena de Suministro de Oro de Colombia – Resumen”, Guía de Due Diligence de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de Áreas de Alto Riesgo y Afectadas por Conflictos (París: Organización para la Cooperación Económica operación y desarrollo, 2016), p. 25.
Cómo el intercambio de conocimiento entre la UE y las regiones de ALC mitiga este problema:
Reconociendo los enormes impactos socioambientales de su consumo, muchos consumidores europeos han comenzado a cuestionar su comportamiento y están intentando convertirse en consumidores más éticos. Más estructuralmente, algunos académicos, grupos de expertos, activistas y ciudadanos han comenzado a proponer y abogar por métodos alternativos de consumo y producción, que van desde el consumo sostenible o de comercio justo hasta la conceptualización de una economía circular de la UE. Sin embargo, muchas de estas iniciativas son eurocéntricas y no rompen radicalmente con la racionalidad hegemónica de la modernidad y el progreso[xvi].
Esto inhibe un intercambio de ideas más exitoso y equitativo con la región de LAC, a pesar de que mucha sabiduría puede destacarse desde ontologías y epistemologías no europeas. A riesgo de generalizar demasiado y no querer idealizar las primeras naciones americanas, muchas cosmovisiones prehispánicas prescriben sistemas de producción dentro de las limitaciones ecológicas y acentúan la unidad ontológica de la naturaleza y la humanidad. Por el contrario, la tradición filosófica europea distingue claramente, e incluso contrasta, los mundos social y natural, oscureciendo sus interrelaciones íntimas. Muchos académicos y activistas han enfatizado en que la transición a una sociedad más sostenible requiere cambios filosóficos fundamentales. Los programas de conocimiento e intercambio de tecnología equitativos, por ejemplo, en agricultura agroecológica y energía renovable, podrían ayudar a cambiar el paradigma de sostenibilidad de la UE de ‘salvar el medio ambiente’ a ‘ser un elemento constitutivo del medio ambiente’, mientras refuerzan la autonomía de las primeras naciones.[xvii]
En Colombia, reforzar la gestión estatal y fortalecer las instituciones es vital para combatir la minería sin licencia. Por ejemplo, los principios europeos de precaución y de contaminador-pagador podrían servir como guía para mejorar los protocolos de protección ambiental y prevención de riesgos. Este proceso necesita ser complementado con una aplicación más robusta y universal de la ley. Por ejemplo, el marco legal colombiano establece que el vertido de sustancias nocivas para el medioambiente, como el mercurio, está prohibido y que un procedimiento para manejar productos químicos peligrosos está bien descrito en el decreto 2222 de 1993 y la ley 99 de 1993, que establecen los estándares para obtener una licencia ambiental. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos para la ejecución efectiva y el cumplimiento de estas políticas, junto con el fortalecimiento de las instituciones responsables y un cambio en las prácticas de enjuiciamiento. Como sostiene Álvaro Pardo, director del grupo de expertos Punto Medio, hay una falla en los instrumentos de aplicación de la ley, ya que los mineros y operadores están siendo encarcelados, en lugar de los inversores y los propietarios de las minas.[xviii]
Más allá de los cambios legales y la construcción de instituciones, el restablecimiento de las estructuras sociales es clave para mitigar los efectos de la minería ilegal. La atención y asistencia a las comunidades marginadas, junto con la legalización de la minería artesanal, será más efectiva que el enfoque predominante en la aplicación de la ley. La Unión Europea puede contribuir a reconstruir el tejido social de las zonas rurales de Colombia brindando apoyo político, diplomático y logístico a los numerosos programas de consolidación de la paz y estabilización.
Conclusión:
Debido a que los impactos socioambientales negativos de la minería ilegal se originan a partir de un conjunto multifacético de desafíos, estos deberán abordarse desde varias perspectivas. Un porcentaje importante de oro extraído en Antioquia encuentra su camino en los procesos de producción globalizada que, entre otros, atienden al mercado consumidor más grande: la UE. Si los consumidores europeos participaran en programas de intercambio de conocimiento equitativos con las culturas prehispánicas latinoamericanas y adaptaran los patrones de consumo a las limitaciones ecológicas, esto afectaría la dinámica del mercado global del oro. Mitigando indirectamente algunos de los daños socioambientales. El gobierno colombiano, por otro lado, podría integrar principios medioambientales europeos y aspirar a adaptar, ejecutar y hacer cumplir estándares más elevados. Sin embargo, todavía no está claro cómo cambiará la política minera colombiana ya que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, hasta ahora no ha propuesto ningún cambio significativo en las políticas sobre minería ilegal más allá de medidas de aplicación más coercitivas. El intercambio de conocimientos entre la UE y las regiones de ALC es, por lo tanto, una faceta integral de un enfoque holístico para abordar los impactos socioambientales de la extracción ilegal de oro en Colombia.
Acerca de los autores
Mónica González, Colombia
Mónica González es licenciada en Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, donde se graduó con honores. Como pasante en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en Washington D.C., investigó sobre una amplia variedad de temas relacionados con la seguridad internacional, el proceso de paz colombiano y las reformas del sector de defensa. A su vez, ha participado en la coordinación de eventos de alto nivel organizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Planifica continuar su enfoque de estudios al obtener una maestría en anti-lavado de dinero y lucha contra el crimen financiero y organizado.
Erik Post, Holand
Erik Post es candidato a la Maestría en Asuntos Internacionales en el Graduate Institute de Ginebra y se graduará en 2018. Sus intereses de investigación incluyen el imperialismo, la dinámica de conflictos y las luchas socioambientales en torno a la energía, el agua y las industrias extractivas, con énfasis en la formación de conflictos y violencia organizada. Ha llevado a cabo investigaciones sobre estas dinámicas en la República Democrática del Congo para el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y el International Crisis Group en México. Actualmente trabaja en la publicación de un artículo académico sobre cómo el discurso sobre desarrollo sostenible y transición energética en la Sierra Norte de Puebla, México facilita el despojo de territorios indígenas en beneficio de las industrias extractivas, lo que amenaza la reproducción social de estos grupos y arriesga una escalada de la violencia organizada en esta región.
Referencias:
[i] Baptiste, B. et al., (2017) “Greening peace in Colombia,” Nature Ecology & Evolution 1, no. 4 (2017): 0102, https://doi.org/10.1038/s41559-017-0102; McNeish, J. (2017), “Extracting Justice? Colombia’s Commitment to Mining and Energy as a Foundation for Peace,” The International Journal of Human Rights 21, no. 4: 500–516, https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1179031; Svampa, M. (2015) “Commodities Consensus: Neoextractivism and Enclosure of the Commons in Latin America,” South Atlantic Quarterly 114, no. 1: 65–82, https://doi.org/10.1215/00382876-2831290.
[ii] “Radiografía de los Conflictos Sociales del Sector Minero-Energético,” Fundación Paz y Reconciliación (blog), May 24, 2018, http://pares.com.co/2018/05/24/radiografia-de-los-conflictos-sociales-del-sector-minero-energetico/.
[iii] European External Action Service and European Commission- Directorate General for Development and Cooperation – Europaid, (2014) Multiannual Indicative Programme MIP 2014-2017 Colombia, Brussels: European External Action Service.
[iv] Ibarra Sanchez, D. (2017) “Illegal Gold Mining Fuels Violence in Colombia,” Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/10/illegal-gold-mining-fuels-violence-colombia-161005063014208.html.
[v] Ministerio de Minas y Energía, (2011) Censo Minero, https://www.minminas.gov.co/censominero
[vi] Güiza, L. and Aristizabal, J. (2013) “Mercury and Gold Mining in Colombia: A Failed State,” Universitas Scientiarum 18, no. 1: 33–49.
[vii] Trianni, F. (2014) “A Day in The Life of An Illegal Miner in Colombia,” TIME, http://time.com/2818968/colombia-illegal-mining/.
[viii] Ver VI
[ix] Organisation for Economic Co-operation and Development, (2016) Due Diligence in Colombia’s Gold Supply Chain – Where Does Colombian Gold Go?. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
[x] Bloomberg News, (2016) “Colombia’s ‘Blood Gold’ Turns up in Everything From Smartphones to Cars,” The Denver Post, https://www.denverpost.com/2016/11/18/colombia-blood-gold-smartphones-cars/; OjoPúblico, (2015) Dirty Gold: Chasing the trace of the London Bullion Market, http://ojo-publico.com/dirty-gold-chasing-the-trace-of-the-london-bullion-market/.
[xi] European External Action Service, (2018) Las Relaciones Económicas y Comerciales Entre Colombia y La Unión Europea: Cinco Años de Implementación del Acuerdo Comercial (2013-2017), Bogota: European External Action Service.
[xii] World Gold Council, (2017) Gold Demand Trends Full Year 2017, London: World Gold Council, https://www.gold.org/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2017.
[xiii] Weaver, J. et al. (2018), How Drug Lords Make Billions Smuggling Gold to Miami for Your Jewelry and Phones, Miami Herald, http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article194187699.html.
[xiv] Institute for the Advanced Study of Sustainability (2015), The Global E-waste Monitor 2014, Quantities, Flows, and Resources, United Nations University.
[xv] Deetman, S. et al. (2017), “Deriving European Tantalum Flows Using Trade and Production Statistics: European Substance Flow Analysis for Tantalum,” Journal of Industrial Ecology 22, no. 1: 166–79, https://doi.org/10.1111/jiec.12533.
[xvi] Escobar, A. (2004) “Beyond the Third World: Imperial Globality, Global Coloniality and Anti-Globalisation Social Movements,” Third World Quarterly 25, no. 1: 207–30, https://doi.org/10.1080/0143659042000185417; Martinez-Alier, J. et al. (2010), “Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Valuation Languages,” Ecological Economics 70, no. 2: 153–58, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.024; Shaw, D. and Newholm, T. (2002), “Voluntary Simplicity and the Ethics of Consumption,” Psychology and Marketing19, no. 2: 167–85, https://doi.org/10.1002/mar.10008.
[xvii] Escobar, A. (1998) “Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements,” Journal of Political Ecology 5, no. 1: 53–82; Escobar, A. (1999), “After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology,” Current anthropology 40, no. 1: 1–30; Gudynas, E. (2011) “Desarrollo, Postextractivismo y ‘Buen Vivir,’” Pueblos, Desarrollo, Cooperación y Empresas Transnacionales, no. 69: 19-21; Leff, E. (2015) “The Powerful Distribution of Knowledge in Political Ecology,” in Perreault, T., Bridge, G. and McCarthy, J. (eds.) (2015), Routledge Handbook of Political Ecology, London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group; Sullivan, S. (2017) “What’s Ontology Got to Do with It? On Nature and Knowledge in a Political Ecology of the ‘Green Economy,’” Journal of Political Ecology 24: 217–42.
[xviii] Ebus, B. (2016), “Illegal Gold Mining in Colombia Is Destroying the Rainforest,” Newsweek, http://www.newsweek.com/2016/11/25/colombia-illegal-gold-mining-521717.html.